Mientras Estados Unidos afronta su primer cierre gubernamental desde 2018, emergen los efectos colaterales de los recortes implementados por el Departamento de Gobierno Eficiente (DOGE), iniciativa impulsada por Elon Musk durante su paso por la administración Trump.
En los últimos meses, el DOGE ha cancelado 384 contratos de arrendamiento de oficinas federales, lo que supone un ahorro estimado de 140 millones de dólares en gastos. Sin embargo, académicos y expertos del mercado advierten que el impacto real es mucho más profundo, generando tensiones en el mercado inmobiliario comercial y en la financiación hipotecaria a nivel nacional.
Efecto dominó en inmuebles y crédito
De acuerdo con Cameron LaPoint, profesor de Finanzas en Yale, la salida del gobierno como inquilino “seguro” crea una situación inédita:
- Muchos contratos incluían cláusulas de cancelación que rara vez se utilizaban.
- Ahora, los propietarios deben cubrir espacios vacíos sin compensaciones.
- Esto golpea a los bancos y fondos que securitizan préstamos inmobiliarios, amplificando el riesgo en miles de hipotecas comerciales.
El caso más llamativo fue la cancelación de una oficina de 845.000 pies cuadrados en Washington D.C., mientras que el más pequeño afectó a una sede de apenas 250 pies cuadrados del Servicio Secreto en Nueva York.
Desafío para propietarios y prestamistas
Empresas inmobiliarias en Florida y California advierten que el exceso de oferta está presionando a los arrendadores a reconvertir oficinas en viviendas o espacios mixtos, e incluso a subdividir grandes superficies para atraer a pymes o startups.
Mark Besharaty, vicepresidente de Arbor Financial Group, lo resume: “Los propietarios tendrán que rediseñar sus inmuebles si quieren sobrevivir. La desaparición de un inquilino gubernamental afecta a toda la cadena de crédito.”
El impacto más fuerte: comunidades rurales
El golpe es aún mayor en zonas rurales, donde la dependencia de oficinas federales es mayor y no existen grandes mercados para absorber el espacio sobrante. En el norte de Michigan, alcaldes locales han señalado que los recortes en la Oficina de Asuntos Indígenas y en centros de salud tribales “golpearán duramente” a comunidades con fuerte presencia nativa.
Los datos muestran que:
- El 63% de los arrendamientos federales elegibles para cancelación se encuentran fuera de los 100 condados más poblados.
- Un 57% están localizados fuera de los 10 estados principales y Washington D.C.
Riesgo político y económico inmediato
La administración Trump ha advertido que los despidos federales podrían comenzar en cuestión de días si el cierre se prolonga. Los mercados de predicción (Kalshi y Polymarket) asignan actualmente una probabilidad elevada de que el shutdown dure cerca de dos semanas.
Tom Whalen, profesor en Massachusetts College of Liberal Arts, comparó el fenómeno con la teoría de Keynes: “Cuando el gobierno retira gasto de la economía, la actividad se contrae. La cancelación de arrendamientos no solo reduce ingresos de propietarios, también destruye empleos y consumo en cascada.”
La paradoja es clara: lo que se presenta como ahorro fiscal podría convertirse en un lastre económico nacional, debilitando aún más a un sistema inmobiliario y financiero ya sensible a la incertidumbre política.
