El Senado de Arizona ha aprobado el proyecto de ley HB 2324, conocido como “Bitcoin Reserve Bill”, con una votación ajustada de 16 a 14, lo que permite su avance hacia la Cámara de Representantes. La ley busca crear un fondo estatal de activos digitales compuesto por criptomonedas incautadas en procesos de confiscación penal.
Esta iniciativa permitiría a Arizona administrar los activos digitales decomisados mediante carteras aprobadas por el estado, ventas reguladas a través de exchanges o almacenamiento en su forma original, dependiendo de las condiciones del mercado y de seguridad.
Una segunda oportunidad para HB 2324
El proyecto ya había fracasado anteriormente en la Cámara, pero fue revivido mediante mociones de reconsideración en ambas cámaras legislativas. De ser aprobado finalmente, establecería un fondo de reservas en Bitcoin y activos digitales, bajo supervisión del tesorero estatal.
Además, la propuesta modifica las leyes de confiscación del estado para incluir de forma explícita a los activos digitales y establece requisitos de custodia seguros.
Arizona y la nueva ola de legislación cripto en EE.UU.
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, se ha intensificado el impulso por parte de los estados para establecer marcos regulatorios de activos digitales. Arizona ha estado a la vanguardia de esta tendencia, aunque no sin obstáculos.
La gobernadora Katie Hobbs ha vetado previamente dos proyectos relacionados: uno que buscaba autorizar la inversión estatal en cripto para fondos de pensiones y otro que proponía una reserva estratégica de activos digitales financiada por asignaciones legislativas.
No obstante, sí firmó la HB 2749, que permite al estado conservar criptoactivos no reclamados, y la HB 2387, que regula el uso de cajeros automáticos de criptomonedas para proteger a los consumidores.
¿Por qué es importante este proyecto?
La aprobación del “Bitcoin Reserve Bill” marca un hito legal en la inclusión formal de criptomonedas en los mecanismos de confiscación y gestión patrimonial estatal. También abre una vía legal para que los estados comiencen a retener criptoactivos estratégicos sin necesidad de comprarlos, lo cual puede servir de precedente nacional en tiempos de creciente regulación financiera.
