El GENIUS Act prohíbe que los emisores de stablecoins paguen intereses, pero las autoridades advierten que exchanges y afiliados podrían eludir esta restricción.
Contexto regulatorio
El GENIUS Act, recientemente firmado como la primera ley federal de criptomonedas en EE. UU., incluye la prohibición explícita de que los emisores de stablecoins ofrezcan intereses o rendimientos a los tenedores de estos activos. La medida busca evitar que los stablecoins compitan de manera directa con depósitos bancarios o fondos de mercado monetario, productos altamente regulados y supervisados.
A diferencia de los depósitos o fondos, los stablecoins de pago no financian préstamos ni son considerados valores. Su propósito es funcionar como instrumentos de pago digitales estables, no como vehículos de inversión.
Riesgo de fuga de depósitos
Un informe del Departamento del Tesoro de abril estimó que, en caso de que los stablecoins pudieran ofrecer intereses, podrían provocar hasta 6,6 billones de dólares en salidas de depósitos desde el sistema bancario tradicional. Esto representaría un riesgo significativo para el financiamiento de préstamos a empresas y hogares, al encarecer el crédito y reducir la liquidez del sistema financiero.
Posibles mecanismos de evasión
Aunque el GENIUS Act establece la prohibición para los emisores, la norma no menciona de forma explícita a exchanges o afiliados que actúan como canales de distribución. De este modo, se abre la puerta a que las plataformas ofrezcan intereses de forma indirecta, eludiendo la intención de la legislación.
Estas prácticas, en las que emisores y afiliados promocionan conjuntamente recompensas vinculadas a stablecoins, podrían socavar la prohibición y aumentar el riesgo de fuga de depósitos, especialmente en momentos de tensión financiera.
Impacto potencial en la economía
Si los stablecoins comenzaran a captar depósitos mediante el pago indirecto de intereses, la consecuencia sería una reducción en la oferta de crédito, con tasas de interés más altas, menos préstamos disponibles y mayores costes para empresas y hogares.
Los analistas advierten que cerrar este vacío legal será clave para preservar la estabilidad del sistema financiero y mantener la distinción entre stablecoins, depósitos bancarios y fondos de inversión regulados.
