El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) confirmó que procederá con el juicio contra Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, por cargos que incluyen lavado de dinero, evasión de sanciones y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La decisión se produce tras un memorando reciente del DOJ que sugería un enfoque más selectivo hacia plataformas cripto, aunque Storm es considerado una excepción relevante bajo el nuevo marco. El juicio comenzará el 14 de julio en Manhattan.
El DOJ retira un cargo menor, pero mantiene los más graves
La información sobre el juicio sigue ampliándose. En el contexto del juicio contra Roman Storm, según documentos judiciales y un portavoz oficial, el gobierno federal procederá a juzgar a Storm por conspiración para lavar dinero, evadir sanciones y transferir fondos de origen ilícito. No obstante, el DOJ decidió retirar parte del cargo relacionado con operar un transmisor de dinero sin licencia, al reconocer que Tornado Cash, como plataforma no custodial, no cumple con los criterios establecidos por FinCEN para ser considerada un transmisor de dinero bajo la ley vigente.
“Aquellos que construyen tecnologías no custodiales y neutrales no deberían ser criminalizados bajo interpretaciones legales insostenibles”, declaró Amanda Tuminelli, directora del DeFi Education Fund.
Debate: ¿criminalizar herramientas o acciones?
Tornado Cash es una herramienta que permite a los usuarios ofuscar el origen de sus transacciones en Ethereum para preservar su privacidad. Sin embargo, el DOJ argumenta que Storm facilitó activamente el uso de la plataforma para el lavado de más de mil millones de dólares, incluidos fondos vinculados al grupo norcoreano Lazarus. Este enfoque forma parte del juicio relacionado con las actividades de Roman Storm, lo cual lo distingue de otros desarrolladores que simplemente crean software de código abierto sin involucrarse en actividades ilegales.
En septiembre pasado, el juez federal Katherine Polk Failla rechazó el argumento de Storm de que su trabajo estaba protegido por la Primera Enmienda, determinando que el uso de código informático para facilitar delitos financieros no constituye libertad de expresión protegida.
Cambio de estrategia en el DOJ
En abril de este año, el DOJ distribuyó internamente un memorando que señalaba un giro en su política: ya no procesará por defecto a plataformas cripto como mixers o DEXs, y se enfocará en perseguir a los actores individuales que usen estos servicios para actividades ilícitas. Esto fue visto como una victoria para los defensores de la privacidad digital, aunque el caso Storm fue explicitamente excluido de ese cambio de criterio. Este enfoque puede afectar al juicio en curso contra Roman Storm.
Además, el DOJ desmanteló recientemente su Crypto Enforcement Team, en lo que se interpreta como una consolidación de esfuerzos y prioridades. Aun así, la institución mantiene que Storm es responsable penalmente por haber contribuido de forma activa al uso del protocolo con fines delictivos, lo cual influye en el desarrollo del juicio contra Roman Storm.
Fallos judiciales recientes a favor del ecosistema
El contexto legal también ha cambiado: en marzo, el Quinto Circuito de Apelaciones anuló las sanciones del Tesoro contra Tornado Cash, argumentando que los contratos inteligentes inmutables no pueden considerarse “propiedad” bajo la Ley de Sanciones. Tras ese fallo, la OFAC retiró oficialmente al protocolo de su lista de entidades sancionadas. Esto ha debilitado la base legal de muchas de las acciones tomadas contra desarrolladores de protocolos descentralizados, posiblemente influyendo en el desarrollo del juicio contra Roman Storm.
En paralelo, Alexey Pertsev —otro desarrollador de Tornado Cash— fue condenado en Países Bajos en 2024, pero fue liberado bajo vigilancia electrónica en febrero de este año mientras apela la sentencia.
¿Qué está en juego?
El juicio respecto a Roman Storm marcará un precedente clave para el desarrollo de software descentralizado y las libertades en torno al código abierto. Si es condenado, se abriría la puerta a la criminalización de la programación de herramientas neutrales en función de su uso por terceros. Si es absuelto, se reforzará el principio de que los desarrolladores no deben responder penalmente por el uso indebido de su tecnología cuando no participan activamente en actividades ilegales.
