Tras casi cinco años de batalla legal, Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) están intentando cerrar el caso que ha marcado un antes y un después en la industria cripto. Sin embargo, el camino hacia la resolución definitiva aún depende de la jueza Analisa Torres, quien no parece dispuesta a revocar fácilmente su propio fallo.
Un acuerdo que aún necesita aprobación judicial
La moción conjunta presentada esta semana solicita que se disuelva la medida cautelar contra Ripple y se reduzca la sanción económica de 125 a 50 millones de dólares. El argumento principal es que existen “circunstancias excepcionales” que justificarían este alivio. No obstante, la jueza Torres deberá ser convencida de revertir su dictamen, elaborado meticulosamente durante años.
El abogado cripto John Deaton comentó que el escrito legal omitió elementos cruciales. Entre ellos, la estrategia agresiva del ex presidente de la SEC, Gary Gensler, y el cambio de postura bajo la nueva presidencia de Paul Atkins. Según Deaton, la jueza “aplicó la ley” al dictaminar que las ventas institucionales de XRP violaron la normativa, y no sería fácil que simplemente lo deshaga sin fundamentos de peso.
¿Qué hay en juego?
Aunque Torres ya declaró que XRP no es un valor en ventas secundarias, la orden judicial ha sido un “oscuro nubarrón” para Ripple, afectando su capacidad para operar libremente y cerrar asociaciones institucionales.
La falta de una narrativa fuerte que justifique la eliminación de esta orden, mientras otras firmas disfrutan de mayor claridad regulatoria, podría ser un punto en contra.
A pesar de ello, Deaton estima un 70% de probabilidad de que la jueza apruebe la moción, ya que podría priorizar la finalización del caso por encima de reanudar una costosa apelación en la Segunda Corte de Circuito, donde ambas partes mantienen sus recursos en pausa.
