La jueza Analisa Torres niega por segunda vez la disolución de la orden judicial contra Ripple, pese a nuevo liderazgo pro-cripto en la SEC
Torres mantiene postura firme: Ripple debe cumplir la ley
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ha rechazado el acuerdo conjunto presentado por la SEC y Ripple Labs, que buscaba reducir la multa civil a 50 millones de dólares y eliminar la orden judicial permanente impuesta a la compañía.
En una sentencia de cinco páginas publicada este jueves, Torres señaló que la orden judicial sigue siendo necesaria debido a las violaciones anteriores de Ripple a las leyes de valores federales y al riesgo persistente de reincidencia. “Cuando el tribunal impuso la orden judicial, lo hizo porque encontró una probabilidad razonable de que Ripple continuara violando la ley federal”, escribió la jueza.
El punto de conflicto no fue la reducción de la multa, originalmente de 125 millones de dólares, sino la intención de eliminar la obligación legal impuesta a Ripple de cumplir con las regulaciones federales.
Cambios en la SEC no influyen en la decisión judicial
La solicitud fue presentada en medio de los cambios recientes en la SEC tras la llegada de Donald Trump a la presidencia y la salida del anterior presidente del organismo, Gary Gensler. El nuevo liderazgo ha adoptado una postura más amigable hacia el sector cripto, incluyendo la creación de un grupo de trabajo especializado y la cancelación de múltiples investigaciones.
Sin embargo, Torres señaló que la mayoría de esas investigaciones fueron desestimadas por la SEC antes de llegar a una condena judicial, lo cual no se aplica al caso de Ripple. Según la jueza, permitir que las partes ignoren una sentencia firme del tribunal sin demostrar “circunstancias excepcionales” sería ir en contra del interés público y de la administración de justicia.
Opciones limitadas para cerrar el caso
La jueza ofreció dos alternativas a las partes si desean realmente concluir el litigio: retirar sus apelaciones actuales o seguir con el proceso de apelación. En ausencia de una justificación convincente para modificar la sentencia, la corte ha decidido mantener la orden judicial vigente.
Esta es la segunda vez que Torres rechaza una solicitud similar, habiendo desestimado la anterior en mayo por defectos procesales y jurisdiccionales.
