La Corte Suprema rechaza el caso Harper y permite al IRS acceder a información de clientes sin orden judicial individual, apoyándose en la doctrina del tercero.
El fallo refuerza el poder del IRS sobre los exchanges
La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado revisar el caso de Jim Harper, un contribuyente que denunció al IRS por acceder a su información personal en Coinbase sin autorización judicial directa. Con esta decisión, el Supremo deja en firme el derecho de la agencia fiscal a usar las llamadas órdenes “John Doe” para recopilar datos de usuarios en plataformas cripto.
El caso Harper comenzó cuando el IRS, en 2017, solicitó a Coinbase la información de más de 14.000 usuarios en busca de posibles evasores fiscales. Harper, cuyos datos fueron entregados sin notificación previa, argumentó que se violaron sus derechos constitucionales. No obstante, tanto el tribunal de distrito como la Corte de Apelaciones del Primer Circuito fallaron a favor del gobierno, y ahora el Supremo ha cerrado definitivamente la vía judicial.
¿Qué es la “doctrina del tercero”?
El fundamento legal clave de este caso es la doctrina del tercero, una norma establecida en la jurisprudencia estadounidense que indica que los ciudadanos pierden su expectativa de privacidad sobre la información que comparten voluntariamente con terceros —como bancos o plataformas digitales—. Por tanto, el IRS no necesita una orden judicial para requerir estos datos, siempre que exista una investigación fiscal en curso.
Coinbase, X y think tanks respaldaron al demandante
A pesar del apoyo de organizaciones como el Cato Institute, el Competitive Enterprise Institute, y empresas como X (antes Twitter) y la propia Coinbase, el recurso fue rechazado sin comentario por parte del Supremo. Estos grupos advirtieron que permitir al IRS obtener datos masivos sin supervisión judicial vulnera derechos fundamentales y abre la puerta a abusos sistémicos en el entorno digital.
Implicaciones para el ecosistema cripto
La decisión podría sentar un precedente importante para futuras investigaciones fiscales. Refuerza el poder del IRS para rastrear actividades en el espacio cripto, incluso cuando los usuarios no han sido notificados ni están siendo formalmente acusados. Aunque no hay impacto inmediato en el mercado, la noticia podría intensificar la presión regulatoria sobre exchanges y usuarios en EE.UU.
