Pavel Durov, cofundador y CEO de Telegram, es objeto de una investigación criminal en Rusia por supuesta facilitación de actividades terroristas tras negarse a eliminar miles de canales señalados por las autoridades.
155.000 canales bajo la lupa
Según medios estatales, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) abrió el caso alegando que Telegram no eliminó cerca de 155.000 canales, chats y bots identificados como ilegales o vinculados a contenido extremista.
Las categorías incluyen supuesta desinformación, promoción del extremismo y contenidos relacionados con drogas. El regulador Roskomnadzor había intensificado las restricciones sobre la plataforma a inicios de febrero.
Riesgo de etiqueta “extremista”
Algunos analistas cercanos al Kremlin han advertido que, de prosperar la investigación, Telegram podría ser designada como plataforma extremista, lo que tendría implicaciones legales para suscripciones premium y publicidad en Rusia.
La compañía no había emitido respuesta oficial al cierre de la publicación.
Durov denuncia presión estatal
Durov ha acusado previamente a las autoridades rusas de intentar debilitar Telegram para favorecer alternativas de mensajería respaldadas por el Estado.
El caso se suma a la presión internacional sobre el ejecutivo, quien también enfrenta investigaciones en Francia desde 2024, aunque su restricción de viaje fue levantada en 2025.
Conclusión: La investigación contra Durov reaviva el debate sobre libertad de expresión, control de contenidos y soberanía digital. En un contexto de creciente regulación tecnológica, Telegram vuelve a situarse en el centro de la tensión entre privacidad y seguridad nacional.
