El Solana Policy Institute (SPI) anunció una donación de $500,000 para financiar las apelaciones de Roman Storm y Alexey Pertsev, desarrolladores del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, condenados en EE. UU. y Países Bajos por delitos vinculados al lavado de dinero.
Storm fue sentenciado en Manhattan por operar un negocio ilegal de transmisión de dinero y enfrenta hasta cinco años de prisión. Pertsev, por su parte, recibió más de cinco años de condena en los Países Bajos en 2024.
Riesgo para la innovación
La comunidad cripto ha advertido que perseguir penalmente a desarrolladores por crear herramientas neutrales genera un precedente alarmante que amenaza la innovación.
“Si el gobierno puede procesar a los desarrolladores por crear herramientas neutrales que otros usan indebidamente, cambia radicalmente el cálculo de riesgo para toda la industria de software”, señaló Miller Whitehouse-Levine, CEO del Solana Policy Institute.
Aunque la administración Trump se ha mostrado en general favorable a las criptomonedas, el Departamento de Justicia mantuvo cargos iniciados durante la era Biden contra Storm. Sin embargo, recientemente un alto funcionario del DOJ adelantó que ya no se presentarán cargos similares contra desarrolladores de software verdaderamente descentralizado que no custodien fondos de usuarios.
Unidad más allá de la competencia
El caso también refleja tensiones internas entre comunidades blockchain. Tornado Cash opera en Ethereum, y sus miembros han liderado la defensa pública de los desarrolladores. Críticos, como Erik Voorhees, cuestionaban si la comunidad de Solana apoyaría causas ligadas a Ethereum en nombre de los principios de descentralización.
La donación del SPI busca disipar esas dudas, mostrando voluntad de respaldar la defensa de desarrolladores más allá de rivalidades de ecosistema.
Presión sobre el Congreso
La decisión se suma a la carta enviada esta semana por 114 empresas y asociaciones cripto al Comité Bancario del Senado, advirtiendo que protestarán contra la próxima ley de estructura de mercado si no se excluye explícitamente a los desarrolladores de software descentralizado de la responsabilidad penal.
El resultado de la apelación de Roman Storm podría marcar el rumbo de cómo EE. UU. tratará a los desarrolladores de protocolos abiertos en el futuro.
