El equipo legal de Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, ha acusado a los fiscales federales de ocultar pruebas exculpatorias desde 2023. Estas pruebas podrían ser fundamentales en la defensa del acusado, quien enfrenta cargos por presunto lavado de mil millones de dólares, incluidos fondos asociados al grupo Lazarus de Corea del Norte. La disputa se centra en la interpretación legal de los mezcladores no custodiados y su clasificación como transmisores de dinero.
Contexto del caso: Tornado Cash y la ofensiva legal
Roman Storm fue arrestado en 2023 por su papel en el desarrollo de Tornado Cash, una herramienta descentralizada que permite a los usuarios anonimizar transacciones en Ethereum. La acusación original incluía cargos por operar una empresa de transmisión de dinero sin licencia y facilitar el lavado de fondos ilícitos. Parte de esos fondos estarían vinculados al grupo Lazarus, un actor cibernético sancionado por EE. UU.
Aunque el Departamento de Justicia retiró en abril de 2025 el cargo relacionado con la transmisión de dinero, la fiscalía mantiene las acusaciones de lavado de dinero. Esta retirada se enmarca en una política del DOJ que busca terminar con la llamada “regulación por vía penal” en el ecosistema cripto.
Alegaciones de la defensa: pruebas no reveladas por la fiscalía
Según los abogados de Storm, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (S.D.N.Y.) habría mantenido ocultas pruebas clave desde agosto de 2023. En concreto, mencionan una llamada entre fiscales y altos funcionarios de FinCEN, la unidad del Departamento del Tesoro encargada de combatir delitos financieros.
Durante dicha conversación, FinCEN habría declarado que Samourai Wallet, un mezclador de criptomonedas no custodial similar a Tornado Cash, no calificaba como un «negocio de servicios monetarios» debido a que no tenía control sobre las claves privadas de los fondos. Esta postura contradiría la base de algunos cargos dirigidos contra Storm.
Violación Brady: implicaciones legales de la omisión
La defensa argumenta que el ocultamiento de esta información representa una «violación Brady», término legal que describe la omisión por parte de fiscales de compartir evidencia favorable al acusado. Este tipo de violaciones pueden tener consecuencias serias, como la anulación de condenas, declaraciones de juicio nulo o incluso sanciones contra los fiscales.
Los abogados sostienen que esta omisión ha «perjudicado materialmente» la capacidad de defensa de Storm, especialmente al refutar la premisa de que su plataforma debía ser regulada como transmisor de dinero.
Repercusiones para el ecosistema cripto y el marco regulatorio
Este caso tiene implicaciones profundas para el debate sobre la legalidad de las herramientas DeFi no custodiales. El tratamiento legal de desarrolladores de software que no controlan directamente los fondos de los usuarios sigue siendo un área gris en la regulación de activos digitales.
Además, pone en tela de juicio la forma en que las agencias del gobierno estadounidense interpretan y aplican las regulaciones financieras en contextos tecnológicos descentralizados. La falta de alineación entre FinCEN y los fiscales refuerza la necesidad de un marco normativo claro que no criminalice la innovación.
Conclusión
El caso contra Roman Storm trasciende lo individual y se ha convertido en una prueba clave sobre cómo el sistema judicial maneja las nuevas formas de tecnología financiera. Las acusaciones de violación Brady añaden una capa adicional de complejidad legal, y podrían influir en cómo se interpretan los límites de la responsabilidad legal en entornos descentralizados. A medida que los mezcladores de criptomonedas y otros protocolos DeFi ganan protagonismo, es esencial clarificar las fronteras entre desarrollo tecnológico y facilitación del delito.
