Un tribunal federal declara “inconstitucional” la mayoría de los aranceles del presidente Trump, pero la Casa Blanca ya ha apelado para mantenerlos vigentes
Choque de poderes por los aranceles «recíprocos»
La política arancelaria de Donald Trump atraviesa una seria amenaza judicial. El Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. declaró ilegales e inconstitucionales los aranceles globales y “recíprocos” impuestos por el presidente bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA).
El fallo afectó los aranceles del llamado Día de la Liberación (2 de abril), que incluían tasas del 50% a países con superávit comercial con EE.UU. y un 10% base al resto. La corte consideró que la IEEPA no otorga al presidente autoridad ilimitada para imponer gravámenes, anulando buena parte del programa arancelario.
Trump apela y logra frenar el fallo… por ahora
Horas después del dictamen, la Casa Blanca presentó una apelación, argumentando que el presidente sí tiene poder para actuar en situaciones de emergencia económica. La Corte de Apelaciones del Circuito Federal suspendió provisionalmente la decisión del tribunal, manteniendo los aranceles activos mientras se revisa el caso.
“No es trabajo de jueces no electos decidir cómo abordar una emergencia nacional”, señaló Kush Desai, portavoz de la administración Trump.
Qué sigue en la vía judicial
Aunque la suspensión actual es temporal, el caso podría escalar hasta el Tribunal Supremo de EE.UU.. Según expertos, este fallo debilita la posición de Trump en negociaciones bilaterales, ya que los socios comerciales anticipaban una posible anulación judicial.
El dictamen se basa en siete demandas combinadas de empresas y doce estados que denunciaron una violación constitucional en el uso arbitrario de aranceles. Los jueces involucrados fueron designados por Reagan, Obama y el propio Trump.
Implicaciones comerciales globales
Los aranceles bloqueados afectan importaciones desde China, México, Canadá y casi todos los socios comerciales. A pesar de la suspensión temporal, la presión legal y política sobre Trump se intensifica, justo cuando busca consolidar su segunda presidencia con una narrativa de “defensa económica nacional”.
