Donald Trump afirmó que no necesita la aprobación del Congreso para imponer aranceles tras el fallo del Supreme Court of the United States que anuló su política anterior. La declaración es técnicamente cierta en parte, pero jurídicamente limitada y políticamente engañosa.
Lo que realmente dijo el Supremo
El tribunal determinó que el presidente no podía utilizar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) para aplicar aranceles generales, reafirmando que la autoridad última sobre impuestos y tarifas corresponde al Congreso.
Sin embargo, la sentencia no elimina otras bases legales ya existentes que permiten al Ejecutivo imponer aranceles bajo supuestos específicos.
Qué aranceles puede imponer sin el Congreso
Sección 122 (Trade Act de 1974)
Permite aranceles temporales de hasta 15% por un máximo de 150 días para abordar desequilibrios en la balanza de pagos. Trump ya anunció un 15% global bajo este marco.
Sección 232 (Trade Expansion Act de 1962)
Autoriza aranceles sectoriales por motivos de seguridad nacional (acero, aluminio, automóviles). Requiere investigación previa.
Sección 301 (Trade Act de 1974)
Permite represalias comerciales frente a prácticas desleales, aplicadas país por país.
Sección 338 (Tariff Act de 1930)
Faculta aranceles de hasta 50% contra países que discriminen a EE.UU., aunque nunca se ha utilizado y podría enfrentar litigios.
Estas herramientas son más restrictivas que el esquema anulado por el Supremo y no permiten un régimen global permanente sin respaldo legislativo.
El papel del Congreso
Para reinstaurar un sistema amplio y duradero similar al invalidado por el tribunal, Trump necesitaría legislación explícita del Congreso.
No obstante, el margen político es incierto: incluso dentro del Partido Republicano existen divisiones sobre el impacto económico de los aranceles, y la oposición demócrata ha convertido el tema en eje electoral.
¿Habrá nuevas demandas?
Expertos legales anticipan posibles litigios contra los nuevos aranceles si se considera que no cumplen estrictamente los requisitos legales de cada estatuto. Aun así, estas demandas serían más difíciles de ganar que las dirigidas contra el uso de IEEPA.
Conclusión: Trump puede imponer ciertos aranceles sin regresar al Congreso, pero dentro de límites legales concretos. Su afirmación omite que cualquier política arancelaria amplia y permanente requeriría autorización legislativa explícita. La batalla ahora se traslada al terreno político y judicial.
