Un grupo de 18 empresas y organizaciones del sector cripto presentó este 12 de noviembre de 2026 nuevos argumentos judiciales contra el impuesto del 0,2% sobre operaciones con activos digitales aprobado en Illinois, Estados Unidos. Compañías vinculadas a Aave, Chainlink y Uniswap sostienen que la legislación es discriminatoria y técnicamente inviable para determinados desarrolladores de blockchain.
Illinois enfrenta una creciente oposición de la industria cripto
La industria de las criptomonedas ha intensificado su batalla legal contra la Digital Asset Tax Act de Illinois, una legislación destinada a gravar determinadas actividades con activos digitales.
Un grupo de 18 empresas y organizaciones presentó un escrito ante un tribunal estatal argumentando que la ley contiene definiciones demasiado amplias e imprecisas.
Entre las entidades participantes destacan Aave Labs, Chainlink Labs, Paradigm, Phantom Technologies, Stand With Crypto y DeFi Education Fund.
Las organizaciones consideran que la normativa no distingue adecuadamente entre exchanges que gestionan fondos de clientes y desarrolladores que únicamente proporcionan herramientas blockchain.
El impuesto gravaría determinadas operaciones con un 0,2%
La legislación de Illinois contempla un impuesto del 0,2% sobre el valor de determinadas operaciones con activos digitales, dirigido a empresas que superen los 100.000 dólares en ingresos.
Según las organizaciones demandantes, el gravamen podría alcanzar operaciones que no generan beneficios ni implican una venta.
Por ejemplo, una transferencia de criptomonedas valorada en 100.000 dólares podría generar un impuesto de 200 dólares si estuviera incluida entre las actividades gravadas.
El sector cuestiona que se cobre un impuesto sobre el valor transferido, independientemente de que exista una ganancia económica.
Los desarrolladores DeFi denuncian obligaciones imposibles de cumplir
Uno de los principales argumentos de las empresas está relacionado con el funcionamiento de las finanzas descentralizadas.
Los desarrolladores de protocolos DeFi no necesariamente controlan los fondos, conocen a los usuarios ni pueden determinar desde qué ubicación se realizan las transacciones.
Por ello, las organizaciones sostienen que exigirles recaudar impuestos sobre operaciones ejecutadas directamente por terceros sería técnicamente inviable.
También advierten de que determinadas definiciones podrían incluir a personas que simplemente desarrollan software utilizado por otros para operar con criptomonedas.
El escrito judicial argumenta que estas obligaciones no pueden aplicarse de la misma manera a intermediarios tradicionales y proveedores de infraestructura descentralizada.
Illinois aplaza la aplicación del impuesto hasta julio de 2027
La legislación estaba inicialmente prevista para entrar en vigor el 1 de enero de 2027.
Sin embargo, el estado aceptó suspender temporalmente su aplicación mientras continúa el procedimiento judicial.
La entrada en vigor y la ejecución del impuesto quedaron aplazadas hasta el 1 de julio de 2027, mediante una medida aprobada por el tribunal.
Las asociaciones del sector buscan que la justicia declare ilegal la normativa y prohíba definitivamente su aplicación.
Por ahora, el aplazamiento no significa que el impuesto haya sido anulado.
La disputa podría influir en futuras regulaciones estadounidenses
El caso plantea una cuestión importante para el desarrollo de blockchain en Estados Unidos: cómo aplicar obligaciones fiscales a servicios descentralizados que no funcionan como empresas financieras tradicionales.
Las organizaciones también sostienen que la legislación podría vulnerar determinadas garantías constitucionales y normas federales que limitan los impuestos discriminatorios sobre el comercio electrónico.
Por su parte, Illinois pretende obtener nuevos ingresos públicos mediante la tributación de determinadas actividades con activos digitales.
Las estimaciones iniciales situaban la recaudación potencial en hasta 60 millones de dólares, aunque esa cifra dependería de la aplicación efectiva del impuesto.
Conclusión
La oposición al impuesto sobre criptomonedas de Illinois continúa creciendo, con 18 empresas y organizaciones que cuestionan su viabilidad jurídica y técnica.
El principal conflicto está relacionado con la posibilidad de exigir obligaciones fiscales a desarrolladores que no controlan los activos ni mantienen relaciones directas con los usuarios.
Aunque la aplicación del gravamen se ha suspendido hasta julio de 2027, su futuro dependerá de las decisiones judiciales.
El resultado podría sentar un precedente relevante sobre cómo los estados estadounidenses regulan y gravan las operaciones realizadas mediante protocolos blockchain descentralizados.
