Más de 1.200 arrestos y $100 millones incautados en una operación internacional contra el cibercrimen, que incluyó centros de minería ilegal gestionados por ciudadanos chinos.
Operación internacional en Angola
La Interpol anunció la detención de 1.209 personas y la incautación de aproximadamente 97 millones de dólares en una operación coordinada contra el cibercrimen en África. Una parte clave del operativo se desarrolló en Angola, donde fueron desmantelados 25 centros de minería ilegal de criptomonedas operados por 60 ciudadanos chinos.
Las autoridades informaron que se incautaron equipos valorados en 37 millones de dólares, que el gobierno angoleño planea redistribuir en “zonas vulnerables” del país.
Contexto legal y energético en Angola
La minería de criptomonedas está prohibida en Angola desde abril de 2024, cuando entró en vigor una ley que penaliza estas actividades debido al alto consumo energético. La normativa contempla penas de uno a cinco años de prisión y la confiscación de equipos para quienes operen granjas de minería digital.
Angola, con una población de unos 39 millones de habitantes, enfrenta graves problemas en la distribución eléctrica, lo que ha sido uno de los principales argumentos detrás de la medida.
En un aviso de 2024, la embajada de China en Angola ya había advertido a sus residentes de no “apoyar ni participar en actividades de minería de moneda virtual”, recordando las sanciones aplicables.
Fraude y cibercrimen en otros países
La operación también abarcó otros países africanos. En Zambia, las autoridades desmantelaron un esquema de fraude en criptoactivos que afectó a 65.000 víctimas, con pérdidas de aproximadamente 300 millones de dólares.
A nivel global, otros gobiernos también han tomado medidas restrictivas contra la minería. En la República rusa de Buriatia, se descubrió un camión que ocultaba 95 equipos de minería conectados ilegalmente a la red eléctrica. En Estados Unidos, algunos estados como Texas han adoptado políticas favorables a la industria, mientras que otros, como Nueva York, impusieron una moratoria de dos años sobre la minería de prueba de trabajo.
