La administración estadounidense excluye productos clave, pero apunta directamente al juez Alexandre de Moraes y al gobierno de Lula
El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva para imponer un arancel del 50% a todas las importaciones procedentes de Brasil, en una decisión que incrementa significativamente la tensión entre Washington y la mayor economía de América Latina.
Según la Casa Blanca, la medida entra en vigor en siete días, aunque excluye productos estratégicos como aviones, jugo de naranja y energía.
Una “emergencia económica” por persecución política
La orden se fundamenta en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 y argumenta que las acciones del gobierno brasileño —especialmente contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus simpatizantes— representan una amenaza económica y de derechos humanos.
La Casa Blanca acusa al juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, de liderar una campaña de censura, intimidación y enjuiciamiento político, incluyendo medidas que han afectado directamente a ciudadanos y empresas estadounidenses.
Medidas adicionales: revocación de visados y presión diplomática
Además del arancel, la administración Trump anunció la revocación de visados para jueces del Supremo Tribunal brasileño y sus familiares inmediatos. Según el comunicado, estas acciones responden a una política de defensa activa de la libertad de expresión y soberanía estadounidense, enmarcada dentro de la estrategia “America First Policy”.
Desde 2019, asegura la Casa Blanca, el juez Moraes habría emitido centenares de órdenes para censurar a críticos, imponer multas y congelar activos, incluyendo los de una empresa tecnológica estadounidense con operaciones en Brasil.
El trasfondo comercial y tecnológico
Aunque en un principio Trump había amenazado con aranceles por “desequilibrios comerciales”, el superávit de $6.800 millones que EE.UU. mantiene frente a Brasil en 2024 debilitaba esa justificación. Esta nueva orden cambia el enfoque, señalando ataques a los derechos fundamentales y a intereses empresariales estadounidenses como la causa central.
La Casa Blanca afirma que empresas tecnológicas han sido presionadas por Brasil para modificar políticas de contenido y entregar datos sensibles de usuarios, lo que comprometería tanto su seguridad como principios democráticos.
