El presidente Donald Trump está preparando una orden ejecutiva que buscará sancionar a bancos y entidades financieras que hayan cerrado cuentas o negado servicios por motivos ideológicos, religiosos o políticos, incluyendo a empresas del ecosistema cripto.
Objetivo: eliminar el “debanking ideológico”
La medida ordenará a los principales reguladores financieros —incluyendo la OCC, FDIC y la Reserva Federal— a investigar si entidades bancarias han violado leyes como la Equal Credit Opportunity Act al cerrar cuentas sin justificación técnica, sino por criterios ideológicos o reputacionales.
El documento exige además:
- Iniciar procedimientos legales contra entidades que hayan discriminado a personas o empresas por afiliaciones políticas o religiosas.
- Revisar los contratos de bancos con acceso a programas federales, como los préstamos de la SBA.
- Eliminar cláusulas internas que permitan cerrar cuentas por “riesgo reputacional” sin base legal clara.
Casos que impulsaron la medida
Uno de los catalizadores clave de esta orden fue el caso reportado por el propio Trump, quien acusó a JPMorgan y Bank of America de cerrarle cuentas tras su reelección, a pesar de tener depósitos multimillonarios. Ambos bancos lo han negado.
También se cita el caso de una organización cristiana de EE.UU. que vio cerradas sus cuentas en Uganda por parte de Bank of America, lo que generó controversia por posible discriminación religiosa.
Implicaciones para el sector cripto
La orden incluye específicamente a las empresas cripto entre las potenciales víctimas del «debanking» político. Según la Casa Blanca, varias firmas Web3 y fintech han reportado bloqueos de cuentas sin explicaciones formales, atribuidos a sesgos regulatorios o ideológicos.
Trump ha prometido una política pro-cripto activa, y esta medida se alinea con su narrativa de apoyo a la innovación y contra los abusos del poder bancario.
Reacciones mixtas en la industria financiera
Algunas asociaciones bancarias, como el Bank Policy Institute, han advertido que eliminar el concepto de “riesgo reputacional” podría limitar la capacidad de los bancos de protegerse de fraudes o vínculos con actores ilícitos.
Sin embargo, asesores republicanos argumentan que la ley ya contempla esos escenarios y que la vaguedad ha sido usada como excusa para excluir selectivamente a individuos o empresas por razones políticas o morales.
Próximos pasos
Aunque el borrador ya ha sido revisado por los principales organismos financieros del Ejecutivo, no hay fecha confirmada para su firma, aunque se espera que ocurra “en los próximos días”.
De aprobarse, la orden podría redefinir la relación entre la banca tradicional y sectores políticamente sensibles, como organizaciones conservadoras, medios independientes y plataformas blockchain.
