La principal propuesta para establecer un marco federal del mercado cripto en Estados Unidos llega a una semana crítica. Donald Trump habría aceptado cerca del 80% de un compromiso bipartidista para endurecer las restricciones éticas, pero una coalición de 18 fiscales generales estatales pide ahora al Senado que rechace la legislación al considerar que podría limitar su capacidad para combatir fraudes y abusos relacionados con criptomonedas.
La CLARITY Act llega a su momento decisivo
La CLARITY Act se enfrenta a una votación procesal crucial en el Senado estadounidense este martes, en un momento en el que continúan las negociaciones para conseguir los apoyos necesarios.
El proyecto pretende establecer uno de los marcos regulatorios federales más importantes desarrollados hasta ahora para el mercado de activos digitales estadounidense.
Entre sus objetivos se encuentra aclarar cuándo determinados criptoactivos quedan sometidos a las leyes de valores o materias primas y, especialmente, delimitar las responsabilidades regulatorias entre la SEC y la CFTC.
Sin embargo, alcanzar un acuerdo político continúa siendo complicado.
18 fiscales generales estatales piden rechazar el proyecto
Una nueva fuente de oposición apareció durante el fin de semana.
Una coalición bipartidista formada por 18 fiscales generales estatales, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, envió una carta a los líderes del Comité Bancario del Senado expresando su oposición a la versión actual de la CLARITY Act.
Su principal preocupación es que determinadas disposiciones puedan reducir la capacidad de los estados para actuar contra compañías de criptomonedas acusadas de fraude u otras conductas indebidas.
Los fiscales reconocen que el texto mantiene determinadas facultades estatales, pero consideran que algunas protecciones están redactadas de forma ambigua o demasiado limitada.
Los estados temen perder capacidad para combatir estafas cripto
El conflicto gira alrededor de la relación entre la regulación federal y las competencias estatales.
Los fiscales generales sostienen que la redacción actual podría abrir la puerta a impugnaciones contra las facultades policiales y regulatorias que actualmente utilizan los estados.
Esto podría tener consecuencias importantes cuando una autoridad estatal intenta investigar o sancionar una empresa relacionada con activos digitales.
La coalición considera que Estados Unidos continúa enfrentándose a un elevado volumen de estafas relacionadas con criptomonedas y que cualquier nueva legislación federal debería preservar claramente las herramientas utilizadas por los estados para perseguirlas.
La CLARITY Act quiere establecer las reglas del mercado cripto estadounidense
El proyecto tiene un alcance considerablemente mayor que una simple regulación de exchanges.
La legislación pretende crear una estructura federal de mercado para los activos digitales y reducir parte de la incertidumbre jurídica que ha acompañado al sector durante años.
Uno de los puntos centrales consiste en establecer límites más claros entre las competencias de la SEC y la CFTC.
Esta cuestión ha sido uno de los mayores focos de conflicto regulatorio en Estados Unidos, especialmente a la hora de determinar cuándo un activo digital debe considerarse un valor y cuándo puede quedar dentro del régimen aplicable a las materias primas.
La votación del martes necesita superar el umbral de 60 votos
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, presentó una moción de cierre después de que los legisladores no consiguieran avanzar suficientemente con la legislación antes del receso de agosto.
La votación procesal prevista para este martes 15 de septiembre determinará si la CLARITY Act puede avanzar hacia el debate en el Senado.
El umbral es especialmente importante.
La medida necesita 60 votos para avanzar, lo que significa que los republicanos no pueden sacar adelante el procedimiento únicamente con sus propios votos y necesitan apoyo demócrata.
Por eso las negociaciones de las últimas jornadas pueden resultar determinantes.
Trump acepta aproximadamente el 80% del compromiso ético
Uno de los principales obstáculos políticos parece haber registrado avances.
Según informó Associated Press citando a un alto asesor republicano, el presidente Donald Trump habría aceptado aproximadamente el 80% de una propuesta bipartidista elaborada por el senador republicano Thom Tillis y el senador demócrata Ruben Gallego.
El objetivo es reforzar las normas destinadas a evitar conflictos de intereses entre funcionarios públicos y empresas o activos digitales.
El compromiso podría facilitar el apoyo de algunos legisladores que consideraban insuficientes las protecciones incluidas anteriormente.
Sin embargo, se trata de un acuerdo político sobre modificaciones del proyecto, no de una aprobación definitiva de la CLARITY Act.
Funcionarios con grandes intereses cripto podrían tener que desprenderse de ellos
La legislación ya contemplaba restricciones para determinados funcionarios federales.
Los funcionarios elegidos a nivel federal, sus cónyuges y los jueces federales tendrían prohibido emitir determinados activos digitales.
El nuevo compromiso iría más lejos.
Los funcionarios que mantengan un interés financiero considerado “significativo” en un emisor de criptomonedas tendrían que desprenderse de esa participación o colocarla en un fideicomiso ciego.
La finalidad sería reducir potenciales conflictos entre las decisiones regulatorias de un funcionario y sus propios intereses económicos.
Los fiscales estatales también participarían en la aplicación de las reglas éticas
Paradójicamente, el acuerdo también otorgaría a los fiscales generales estatales cierto papel en la aplicación de las nuevas restricciones éticas.
Pero para los 18 fiscales que han firmado la carta, esta concesión no resuelve el problema principal.
Consideran que otras partes de la CLARITY Act podrían seguir debilitando sus competencias generales sobre empresas de criptomonedas.
Por tanto, el debate no se limita a las normas éticas relacionadas con los funcionarios.
También existe una disputa más profunda sobre cuánto poder regulatorio deben conservar los estados una vez exista un marco federal específico para activos digitales.
Los intereses cripto de Trump han sido uno de los principales obstáculos
Las posibles conexiones financieras de Trump con empresas y proyectos relacionados con criptomonedas han sido uno de los puntos más sensibles durante las negociaciones.
Demócratas y también algunos republicanos, incluido Tillis, habían reclamado protecciones más fuertes frente a potenciales conflictos de intereses.
Las nuevas concesiones buscan precisamente desbloquear este frente.
Según la información publicada durante el fin de semana, el avance generó un renovado optimismo dentro de la industria cripto, aunque todavía no existe garantía de que los votos necesarios estén asegurados.
Los republicanos presentan el texto como su oferta definitiva
Los republicanos han descrito la versión revisada como su “última, mejor y definitiva oferta” antes de la votación del martes.
Esto eleva considerablemente la importancia del próximo procedimiento.
Si consiguen los 60 votos necesarios, la legislación podrá avanzar hacia nuevas fases del debate parlamentario.
Si fracasa, el calendario legislativo restante de 2026 podría convertirse en un problema cada vez mayor para quienes quieren aprobar una legislación integral de estructura de mercado este año.
La votación procesal, por tanto, no significa que la CLARITY Act se convierta automáticamente en ley.
Es un paso necesario para permitir que el proyecto continúe avanzando en el Senado.
La industria cripto considera la CLARITY Act una legislación fundamental
Una parte importante de la industria estadounidense lleva tiempo presionando para conseguir un marco federal de estructura de mercado.
Las empresas argumentan que necesitan reglas más previsibles para determinar qué regulador supervisa cada actividad y bajo qué requisitos pueden operar.
Una delimitación más clara entre SEC y CFTC podría reducir parte de la incertidumbre que durante años provocó conflictos entre compañías cripto y autoridades estadounidenses.
Pero los críticos temen que una legislación demasiado favorable al sector pueda reducir las protecciones existentes frente al fraude o limitar las herramientas regulatorias utilizadas por los estados.
El martes puede marcar un punto de inflexión para la regulación cripto en EE. UU.
La CLARITY Act llega así a una de sus jornadas más importantes.
Por un lado, Trump ha aceptado buena parte de un compromiso que endurecería las reglas éticas y podría acercar posiciones entre republicanos y demócratas.
Por otro, 18 fiscales generales estatales están pidiendo explícitamente que el Senado rechace la legislación en su forma actual.
La batalla refleja dos cuestiones diferentes que deben resolverse simultáneamente: establecer reglas federales claras para los activos digitales y determinar cuánto poder deben conservar los estados para supervisar y perseguir posibles abusos.
Con 60 votos necesarios para avanzar, cada concesión puede ser decisiva.
El resultado del martes no aprobará definitivamente la CLARITY Act, pero sí mostrará si Estados Unidos está realmente cerca de establecer por ley una nueva estructura regulatoria para su mercado de criptomonedas o si las divisiones políticas vuelven a retrasar el proceso.
