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Blockstream rechaza pagar a los hackers de Liquid mientras la Ley CLARITY endurece el foco sobre DeFi

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El mercado cripto afronta una jornada marcada por seguridad y regulación: Blockstream se niega a pagar el rescate exigido por los responsables del incidente de Liquid, una nueva versión de la Ley CLARITY pone el foco en protocolos DeFi con control humano significativo y la AEVM alerta de que la creciente conexión entre criptomonedas y finanzas tradicionales podría amplificar el riesgo de contagio financiero.


Blockstream se niega a pagar por los casi 600 BTC restantes

El conflicto entre Blockstream y los responsables del incidente de Liquid Network ha entrado en una nueva fase.

La compañía afirmó este viernes que no pagará un rescate para recuperar los Bitcoin que todavía permanecen en manos de los atacantes.

Blockstream endureció además considerablemente su posición respecto a los responsables, que inicialmente se habían autodenominado white hats o hackers de sombrero blanco.

“Tomar activos sin autorización y retener su devolución es un delito, no una divulgación responsable”.

La empresa aseguró que negoció de buena fe para intentar recuperar los activos de los usuarios, pero rechazó las nuevas condiciones planteadas por los atacantes.

Los hackers exigen una recompensa del 10%

Los responsables reclamaron que Blockstream pagara con fondos propios una recompensa equivalente al 10%.

La exigencia apareció en un mensaje onchain compartido por Samson Mow, CEO de Jan3 y antiguo director de estrategia de Blockstream.

Los atacantes advirtieron que, si Blockstream rechazaba sus condiciones, los usuarios de Liquid podrían terminar afrontando una pérdida del 15%.

La compañía ha decidido no aceptar ese planteamiento y sostiene que retener los fondos para exigir un pago transforma la situación en una extorsión y no en una actuación responsable de seguridad.

Unos 598 BTC siguen sin devolverse

El incidente comenzó el 6 de septiembre, cuando Liquid Network suspendió temporalmente sus operaciones después de que aproximadamente 4.000 BTC, valorados entonces en unos $320 millones, salieran de la billetera de su federación.

Los responsables posteriormente devolvieron 3.400 BTC, equivalentes entonces a aproximadamente $270 millones, después de que Blockstream confirmara que los nodos puente afectados habían sido parcheados.

Eso dejó alrededor de 598 BTC todavía pendientes de devolución.

La situación ha cambiado así respecto a los primeros días del incidente: Blockstream ya no está tratando públicamente a los responsables como hackers éticos.

Blockstream amenaza con recurrir a las autoridades

La compañía ha solicitado que los BTC restantes sean devueltos voluntariamente.

Si eso no ocurre, Blockstream afirma que colaborará con autoridades, exchanges, proveedores de servicios y especialistas en análisis forense blockchain para seguir el movimiento de los fondos e intentar identificar a los responsables.

La trazabilidad pública de Bitcoin puede facilitar el seguimiento de los activos, aunque rastrear los BTC no significa automáticamente poder recuperarlos ni identificar inmediatamente a quienes controlan las claves.

El incidente continúa siendo uno de los episodios de seguridad más importantes relacionados con infraestructura Bitcoin durante 2026.

La Ley CLARITY introduce un nuevo frente para DeFi

Mientras Liquid afronta su crisis de seguridad, Washington continúa negociando uno de los proyectos legislativos más importantes para el mercado estadounidense de activos digitales.

Una versión revisada de la Ley CLARITY introduce disposiciones dirigidas específicamente hacia determinados protocolos DeFi que no puedan considerarse plenamente descentralizados.

La propuesta pone el foco en las personas o grupos que mantienen un grado significativo de control sobre esos sistemas.

¿Cuándo dejaría un protocolo de considerarse descentralizado?

El texto publicado en el sitio web de la senadora Cynthia Lummis establece varios criterios.

Un protocolo podría entrar en esta categoría cuando una persona o grupo coordinado pueda modificar sustancialmente su funcionamiento, funcionalidad o reglas.

También podría incluir sistemas donde los controladores tengan capacidad para restringir usuarios o donde las transacciones no estén gobernadas exclusivamente por código transparente y previamente establecido.

La cuestión fundamental pasa así de preguntar simplemente si un protocolo utiliza blockchain a determinar quién conserva realmente el poder sobre su funcionamiento.

SEC y CFTC tendrían que establecer las obligaciones

La propuesta encargaría a la SEC y la CFTC desarrollar reglas basadas en las actividades realizadas por las personas o grupos que controlan estos protocolos.

Las normas podrían abarcar áreas como registro, conducta, divulgación, mantenimiento de registros y supervisión.

Paralelamente, el Departamento del Tesoro tendría que establecer cómo se aplican las obligaciones existentes de la Bank Secrecy Act y las normas contra el lavado de dinero (AML) a los controladores afectados.

Esto podría establecer una diferencia regulatoria mucho más clara entre protocolos realmente descentralizados y proyectos que utilizan arquitectura DeFi pero mantienen un control significativo en manos de una organización o grupo reducido.

El software no tendría que registrarse por sí mismo

El proyecto incorpora una distinción importante para los desarrolladores.

La propuesta especifica que el software y los sistemas de registro distribuido no tendrían que registrarse por sí mismos.

La regulación se dirigiría principalmente hacia las personas o entidades que ejercen determinadas actividades o mantienen control significativo.

Además, formar parte de un consejo dedicado a seguridad o respuesta ante incidentes no sería suficiente por sí solo para considerar que una persona controla el protocolo.

Esta diferenciación puede resultar importante para desarrolladores y especialistas que participan en mecanismos de seguridad sin controlar económicamente una plataforma.

El 15 de septiembre será decisivo para CLARITY

El nuevo texto llega antes de una importante votación de procedimiento prevista para el 15 de septiembre.

La legislación necesita 60 votos para avanzar en el Senado.

Esto obliga a los republicanos a conseguir apoyo demócrata.

Las negociaciones siguen condicionadas por diferencias relacionadas con normas AML, ética y el tratamiento de determinadas recompensas vinculadas a stablecoins.

Por tanto, el texto revisado todavía puede sufrir modificaciones y no constituye legislación vigente.

Europa advierte sobre el riesgo de contagio desde las criptomonedas

Al mismo tiempo, los reguladores europeos están prestando cada vez más atención a la conexión entre activos digitales y mercados financieros tradicionales.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM/ESMA) advirtió que el aumento de estos vínculos podría incrementar la posibilidad de que una crisis originada en el ecosistema cripto termine propagándose hacia otras partes del sistema financiero.

La advertencia aparece en su último informe de seguimiento de riesgos.

Las acciones tokenizadas aumentan la conexión con las finanzas tradicionales

Uno de los ámbitos señalados por la AEVM es la creciente adopción de acciones tokenizadas.

La tokenización permite representar determinados activos financieros mediante infraestructura blockchain.

Pero cuanto mayor sea la integración entre ambos sistemas, mayor puede ser también el canal mediante el cual un problema de liquidez, infraestructura o contraparte se traslade de un mercado hacia otro.

Esto no significa que la AEVM esté afirmando que la tokenización provocará necesariamente una crisis.

Su advertencia se centra en que la interconexión aumenta la necesidad de supervisar los posibles canales de contagio.

Los exploits DeFi también preocupan al regulador

Los recientes ataques y vulnerabilidades dentro de las finanzas descentralizadas constituyen otro elemento de preocupación.

La combinación de DeFi con activos financieros tokenizados puede aumentar la exposición entre sistemas tradicionalmente separados.

Precisamente por ello, incidentes como el ocurrido en Liquid, aunque técnicamente diferente de un protocolo DeFi tradicional, refuerzan el debate sobre seguridad de infraestructura, gobernanza y responsabilidad cuando grandes cantidades de activos dependen de sistemas blockchain.

Los mercados de predicción aparecen como un nuevo riesgo

La AEVM también destacó los mercados de predicción como una categoría emergente que merece mayor supervisión.

Entre sus preocupaciones aparecen el posible uso de información privilegiada y la manipulación del mercado.

El regulador considera que la utilización de criptomonedas dentro de estas plataformas puede dificultar la detección de determinadas prácticas, incluyendo operaciones ficticias destinadas a generar una apariencia artificial de actividad.

El crecimiento de los mercados de predicción está haciendo que estas cuestiones pasen progresivamente al radar de los reguladores financieros.

Seguridad y regulación dominan la jornada cripto

Las tres noticias muestran diferentes caras de un mismo proceso: el sector de los activos digitales está integrándose cada vez más profundamente con el sistema financiero, pero esa expansión aumenta simultáneamente las exigencias de seguridad y regulación.

Blockstream afronta las consecuencias de un grave incidente en Liquid y se niega a aceptar las condiciones económicas de los atacantes.

En Estados Unidos, la Ley CLARITY intenta determinar dónde termina realmente la descentralización y cuándo las personas que controlan un protocolo deben asumir obligaciones regulatorias.

Y en Europa, la AEVM advierte de que acciones tokenizadas, DeFi y otros productos están creando conexiones cada vez más estrechas entre las criptomonedas y las finanzas tradicionales.

El debate ya no gira únicamente alrededor de si blockchain será adoptada por el sistema financiero. Cada vez más, la cuestión es cómo gestionar los riesgos cuando ambos ecosistemas comienzan a convertirse en partes interconectadas de una misma infraestructura financiera.

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